Los Presidentes de la Rep煤blica Federativa de Brasil, Luiz In谩cio Lula da Silva; de la Rep煤blica del Paraguay, Santiago Pe帽a; de la Rep煤blica Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou; la Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Rep煤blica Argentina, Diana Mondino, Estados Partes del MERCOSUR, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora y las Altas Autoridades de los Estados Asociados, reunidos en Asunci贸n, Rep煤blica del Paraguay el 8 de julio de 2024, en ocasi贸n de la LXIV Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados:

RECONOCEN que el creciente desarrollo del crimen organizado transnacional resulta una amenaza, con consecuencias no solo para la seguridad de los pa铆ses de la regi贸n, sino tambi茅n para la estabilidad democr谩tica, el desarrollo socioecon贸mico y la paz regional.

CONSCIENTES que la actividad de organizaciones criminales en centros penitenciarios, repercute en la ciudadan铆a y constituye un desaf铆o para la seguridad que merece contar con herramientas acordes a esta problem谩tica.

MANIFIESTAN la urgencia de aunar esfuerzos con miras a la integraci贸n de pol铆ticas regionales afines en materia de seguridad, que hacen a la identificaci贸n de amenazas, riesgos y vulnerabilidades, prevenci贸n y combate a las diferentes modalidades del crimen organizado transnacional, como tr谩fico il铆cito de estupefacientes y sustancias psicotr贸picas, fabricaci贸n y tr谩fico il铆cito de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados, trata de personas, tr谩fico de migrantes, corrupci贸n y delitos econ贸micos, financieros y terrorismo, entre otros.

SUBRAYAN el desaf铆o representado por los delitos que afectan el medioambiente, en particular el tr谩fico il铆cito de flora y fauna, de maderas, desechos peligrosos, de metales y minerales preciosos, y la deforestaci贸n, as铆 como sus conexiones con otras modalidades criminales. Frente a tal desaf铆o, reconocen la necesidad de reforzar la cooperaci贸n internacional y los marcos normativos globales sobre la materia.

COINCIDEN que el crimen organizado transnacional constituye un problema global que debe ser enfrentado de manera decidida, conjunta, coordinada e ininterrumpida entre los Estados Partes y Estados Asociados. Para ello se deben acordar e implementar acciones concretas en materia de seguridad regional; orientadas a desarticular, desalentar y con ello disminuir ostensiblemente la delincuencia, los da帽os a la vida y la inseguridad de los ciudadanos.

DESTACAN la necesidad de intercambiar informaciones y experiencias de manera segura y oportuna, tendientes a desarrollar a nivel regional, investigaciones, estudios y diagn贸sticos operacionales y estrat茅gicos sobre la situaci贸n del crimen organizado trasnacional, las amenazas que ello genera y el impacto negativo de estas en las distintas 谩reas de desarrollo, as铆 como en la seguridad y la convivencia ciudadana.

ACUERDAN generar e implementar estrategias de seguridad para el desarrollo com煤n, acorde a los nuevos desaf铆os, mediante acciones simult谩neas, coordinadas y/o complementarias, con el fin de reducir el impacto negativo que genera la delincuencia en la ciudadan铆a; bajo la premisa regional que la Seguridad y el Desarrollo constituyen pilares fundamentales para lograr el bienestar general de nuestros pueblos.

CONCUERDAN en la importancia de la coordinaci贸n permanente en la lucha contra el crimen organizado transnacional, entre los Estados Partes y Estados Asociados, adem谩s del desarrollo de estrategias articuladas entre los organismos de seguridad con miras a la planificaci贸n, ejecuci贸n y evaluaci贸n de acciones operacionales y estrat茅gicas.

DESTACAN la relevancia de que los Estados Partes y Estados Asociados dise帽en e implementen campa帽as de comunicaci贸n dirigidas a los ciudadanos del MERCOSUR, que permitan visibilizar y sensibilizar acerca de la problem谩tica del crimen organizado transnacional, el impacto negativo en la sociedad, y en especial a las poblaciones en situaci贸n de vulnerabilidad, impulsando mecanismos de colaboraci贸n entre las distintas instituciones de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la academia.