En un encuentro que permitió debatir sobre derechos humanos y políticas públicas en Montevideo, Uruguay, se presentó la cooperación bilateral del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) con el Estado uruguayo, cuyo eje central es el fortalecimiento de la trasversalización del enfoque de derechos humanos en las políticas sociales.

Este evento se realizó el pasado 29 de marzo, en la sede de la Presidencia de Uruguay.

Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo del IPPDH recalcó “nuestro aporte se da en el marco de la construcción de proyectos de cooperación bilateral con todos los países miembros y los asociados con el objetivo de afirmar que el proceso de integración está basado efectivamente en los derechos humanos, en la construcción de un piso mínimo de derechos” aseguró.

En la ocasión, el IPPDH también fue testigo del acuerdo firmado entre  la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)  y la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay para el desarrollo de sistemas de información.

Para las autoridades uruguayas el objetivo de este acuerdo es realizar un seguimiento y una evaluación de las políticas públicas. Álvaro García Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay resaltó que este acuerdo es un componente fundamental del sistema de garantías, que orienta la acción del Estado hacia la efectiva realización de la dignidad de todas las personas y favorece la participación y el control ciudadano.

“Los derechos humanos no son un tema del pasado, cosas que han ocurrido en estas horas atestiguan que es un tema del presente. Hemos avanzado en el último período de gobierno hacia una visión más amplia que está en la línea de esta clave de derechos humanos en las políticas públicas. Se han aprobado una serie de leyes que significan un avance muy importante en nuestro país”, agregó García.

Javier Miranda, Secretario de Derechos Humanos de Uruguay, destacó que el acuerdo permitirá “una mirada en clave de derechos humanos en todo lo que se desarrolle en el Estado”. Señaló que es fundamental la participación de la OPP, que coordina una Oficina de Gestión y Evaluación, a fin de verificar que estos derechos se concreten y cuáles sean las correcciones necesarias para llegar a todos los ciudadanos.

Con información de Presidencia del Uruguay.