Los Presidentes de la República Argentina, Alberto Fernández; de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la República del Paraguay, Santiago Peña, y de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, Estados Partes del MERCOSUR, y las Altas Autoridades de los Estados Asociados, reunidos en Río de Janeiro, Brasil, el 6 y 7 de diciembre de 2023, en ocasión de la LXIII Cumbre de Presidentes del MERCOSUR.
SUBRAYARON la importancia fundamental del acceso a la información y de la libertad de expresión, opinión, comunicación y manifestación de pensamiento, en carácter de principios y derechos humanos y libertades fundamentales de sociedades democráticas, particularmente en el entorno
digital;
REITERARON la centralidad de la democracia para el proceso de integración regional y los compromisos asumidos en tal sentido en el MERCOSUR, en particular, a través del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, del Protocolo de Ushuaia y del Protocolo Constitutivo del PARLASUR;
DECIDIERON trabajar juntos para reducir las desigualdades digitales, teniendo en cuenta que la lucha contra la desinformación está directamente relacionada con la inclusión digital significativa y la reducción de las diversas brechas digitales, incluida la de género;
DESTACARON que el amplio y libre flujo de informaciones e ideas contribuye a fortalecer el acceso a la información de calidad, que es una condición necesaria para un debate público enriquecedor, libre, plural, diverso, inclusivo y democrático;
REITERARON el compromiso por reconocer que las mismas leyes, reglamentos y derechos que rigen “fuera de línea” deben ser aplicables también en los entornos digitales, tales como los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa, privacidad y protección de datos personales no discriminación y derecho al debido proceso, con especial atención a los casos de acoso y difamación, involucrando además a las plataformas digitales en este propósito;
DESTACARON los desafíos generados por la acelerada transformación tecnológica y los recientes desarrollos en el área de la inteligencia artificial y, particularmente, la amenaza que la desinformación, los discursos de odio y la apología de la violencia, diseminados en larga escala y alta velocidad por el fenómeno de la “viralización” de contenido, representan a la cohesión social, a los valores e instituciones democráticas, a los derechos humanos, a la legitimidad del conocimiento científico y a la confianza en el periodismo , potencialmente comprometiendo al debate público sobre cuestiones relevantes de alcance local y global -, como el cambio climático o la pandemia de coronavirus -, independientemente de la conciencia, intencionalidad o motivación de quién los propaga;
AFIRMARON su preocupación por modelos de negocios en entornos digitales que, con la finalidad de maximizar ingresos con publicidad y resultados empresariales, aumentan la recomendación y la reproducción de informaciones distorsionadas, falsas y discursos de odio, lo que contribuye a la polarización ideológica en los diferentes sectores de la sociedad, afectando sobre todo a personas o comunidades en situación de vulnerabilidad, agravando tendencias de radicalización, extremismo y actos violentos;
COINCIDIERON en la urgencia de promover acciones conjuntas, desde una perspectiva de derechos humanos, para la construcción de la confianza ciudadana, la protección de datos personales y la promoción de la integridad, exactitud, consistencia y confiabilidad de las informaciones circulantes en entornos digitales, así como sobre la necesidad de proteger a la población contra la diseminación de informaciones falsas, los discursos de odio y otras formas de contenido nocivo;
RESALTARON que la diversidad de fuentes de información, la integridad de la misma, además de su disponibilidad, confidencialidad y autenticidad en entornos digitales, son premisas fundamentales para la construcción de entornos digitales abiertos, seguros, estables, accesibles, inclusivos y pacíficos y que el acceso a amplia gama de perspectivas y opiniones colabora al enriquecimiento del debate público y la moderación de tendencias de polarización ideológica en la sociedad;
COINCIDIERON en la necesidad de realizar acciones para la formación de ciudadanías digitales, desde una perspectiva de derechos que permita que niñas, niños y adolescentes estén preparadas y preparados para desenvolverse en los entornos digitales de manera segura;
DECIDIERON incentivar políticas transparentes, responsables y respetuosas de los derechos humanos por parte de las empresas de tecnología, especialmente con relación a la moderación de contenido, algoritmos de recomendación y al tratamiento de los datos personales, procurando minimizar la proliferación de contenidos falsos o ilegales y la defensa de los derechos de las personas consumidores de tales servicios, incluso en lo que se refiere a la preservación de la privacidad y la protección de datos personales, de conformidad con los marcos legales y regulatorios vigentes en cada país;
SE COMPROMETIERON a fomentar la cooperación entre órganos de
gobierno, parlamentos, instituciones académicas, sector privado y sociedad civil- conforme la tradición multisectorial de la gobernanza de Internet-, como paso clave para el desarrollo de estrategias conjuntas de combate a la desinformación y a los discursos de odio, por medio de la evaluación de alternativas regulatorias- incluso de corregulación y autorregulación regulada -, y de códigos voluntarios de buena conducta, destinados sobre todo a la transparencia, a la responsabilidad y a la protección de los derechos humanos en el uso de Internet;
DECIDIERON trabajar en estrecha colaboración y coordinación para que las plataformas digitales estén comprometidas con la integridad de la información y perfeccionen el combate a la desinformación y a los discursos de odio, especialmente cuando inciten a la violencia, ataquen procesos e instituciones
democráticas, o tengan como blanco a individuos o poblaciones en situación de vulnerabilidad;
ENFATIZARON la importancia de evaluación conjunta de medidas de regulación para prevenir que los sistemas de recomendación de plataformas amplifiquen la radicalización política y que impacten negativamente a la cohesión social y a la democracia y violen el derecho a la privacidad de datos, así como estimular a las plataformas digitales para que desarrollen modelos de negocios alternativos, que no tengan como base la “monetización” de datos personales;
INSTARON a las plataformas digitales a facilitar el acceso a datos y a las decisiones y criterios en lo que basan su programación algorítmica y sus sistemas de recomendación, incluso de sus actividades de moderación de contenido, con vistas a promover el trabajo de instituciones de investigación y comunidades académicas dedicadas a evaluar el impacto de la desinformación y de los discursos de odio en entornos digitales;
REAFIRMARON la importancia de la cooperación internacional para enfrentar los desafíos de la desinformación y de los discursos de odios en entornos digitales y de comprometerse a compartir buenas prácticas e informaciones entre nuestros países y otros Estados y organizaciones internacionales, buscando la construcción de entornos digitales seguros y confiables y la reducción de las brechas digitales, en línea con los valores democráticos;
SOLICITARON a las instancias pertinentes en el MERCOSUR a reflexionar sobre el contenido de la presente Declaración en sus actividades.