Los Presidentes de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la República del Paraguay, Santiago Peña; de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou; la Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Diana Mondino, Estados Partes del MERCOSUR, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora y las Altas Autoridades de los Estados Asociados, reunidos en Asunción, República del Paraguay el 8 de julio de 2024, en ocasión de la LXIV Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados:
RECONOCEN que el creciente desarrollo del crimen organizado transnacional resulta una amenaza, con consecuencias no solo para la seguridad de los países de la región, sino también para la estabilidad democrática, el desarrollo socioeconómico y la paz regional.
CONSCIENTES que la actividad de organizaciones criminales en centros penitenciarios, repercute en la ciudadanía y constituye un desafío para la seguridad que merece contar con herramientas acordes a esta problemática.
MANIFIESTAN la urgencia de aunar esfuerzos con miras a la integración de políticas regionales afines en materia de seguridad, que hacen a la identificación de amenazas, riesgos y vulnerabilidades, prevención y combate a las diferentes modalidades del crimen organizado transnacional, como tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, fabricación y tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados, trata de personas, tráfico de migrantes, corrupción y delitos económicos, financieros y terrorismo, entre otros.
SUBRAYAN el desafío representado por los delitos que afectan el medioambiente, en particular el tráfico ilícito de flora y fauna, de maderas, desechos peligrosos, de metales y minerales preciosos, y la deforestación, así como sus conexiones con otras modalidades criminales. Frente a tal desafío, reconocen la necesidad de reforzar la cooperación internacional y los marcos normativos globales sobre la materia.
COINCIDEN que el crimen organizado transnacional constituye un problema global que debe ser enfrentado de manera decidida, conjunta, coordinada e ininterrumpida entre los Estados Partes y Estados Asociados. Para ello se deben acordar e implementar acciones concretas en materia de seguridad regional; orientadas a desarticular, desalentar y con ello disminuir ostensiblemente la delincuencia, los daños a la vida y la inseguridad de los ciudadanos.
DESTACAN la necesidad de intercambiar informaciones y experiencias de manera segura y oportuna, tendientes a desarrollar a nivel regional, investigaciones, estudios y diagnósticos operacionales y estratégicos sobre la situación del crimen organizado trasnacional, las amenazas que ello genera y el impacto negativo de estas en las distintas áreas de desarrollo, así como en la seguridad y la convivencia ciudadana.
ACUERDAN generar e implementar estrategias de seguridad para el desarrollo común, acorde a los nuevos desafíos, mediante acciones simultáneas, coordinadas y/o complementarias, con el fin de reducir el impacto negativo que genera la delincuencia en la ciudadanía; bajo la premisa regional que la Seguridad y el Desarrollo constituyen pilares fundamentales para lograr el bienestar general de nuestros pueblos.
CONCUERDAN en la importancia de la coordinación permanente en la lucha contra el crimen organizado transnacional, entre los Estados Partes y Estados Asociados, además del desarrollo de estrategias articuladas entre los organismos de seguridad con miras a la planificación, ejecución y evaluación de acciones operacionales y estratégicas.
DESTACAN la relevancia de que los Estados Partes y Estados Asociados diseñen e implementen campañas de comunicación dirigidas a los ciudadanos del MERCOSUR, que permitan visibilizar y sensibilizar acerca de la problemática del crimen organizado transnacional, el impacto negativo en la sociedad, y en especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, impulsando mecanismos de colaboración entre las distintas instituciones de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la academia.